Entre 2018 y 2026, el Gobierno federal ha destinado 2.45 billones de pesos para este programa; la economía conjunta de Coahuila y NL es de 2.98 billones
El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha convertido en uno de los principales componentes del gasto social en México, al grado de que los recursos presupuestados para este apoyo entre 2018 y 2026 equivalen a prácticamente la suma de toda la economía de Nuevo León y Coahuila.
De acuerdo con el reporte “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2018-2026”, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, durante nueve años se aprobaron 2.456 billones de pesos para este programa.
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El monto representa alrededor de 82 por ciento del Producto Interno Bruto conjunto de Nuevo León y Coahuila, considerando los 2.06 billones de pesos que genera la economía neoleonesa y los 922 mil 286 millones de pesos correspondientes a Coahuila.
En conjunto, ambos estados producen alrededor de 2.982 billones de pesos, por lo que los recursos aprobados para las pensiones de adultos mayores entre 2018 y 2026 equivalen a más de cuatro quintas partes de toda la riqueza que generan ambas entidades en un año.
El crecimiento del programa ha sido acelerado. En 2018 contó con un presupuesto aprobado de apenas 39 mil 473 millones de pesos, pero para 2026 la asignación alcanzó 526 mil 508 millones, más de 13 veces el monto de hace ocho años.
El CEFP señala que esta evolución representó una Tasa Media de Crecimiento Anual real de 31.6 por ciento, muy por encima del crecimiento registrado tanto por el Ramo 20 Bienestar, de 19.9 por ciento, como por el Producto Interno Bruto nacional, que avanzó apenas 0.5 por ciento real entre 2018 y 2026.
La expansión también se refleja en el gasto efectivamente ejercido. Entre 2018 y 2025, el programa pasó de ejercer 35 mil 619.6 millones de pesos a 484 mil 171.5 millones, lo que implicó un crecimiento medio anual real de 38.6 por ciento.
El peso de las pensiones dentro del gasto social también se modificó de manera profunda. En 2018 representaban 35.4 por ciento del gasto ejercido por la Secretaría de Bienestar, mientras que para 2025 concentraron 79.8 por ciento de los recursos ejercidos por la dependencia.
Con ello, el programa se consolidó como el principal destino del gasto de Bienestar, por encima de otros esquemas como Sembrando Vida, que representó 5.8 por ciento del gasto en 2025; la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con 4.6 por ciento, y la Pensión Mujeres Bienestar, que alcanzó 3.6 por ciento.
El avance presupuestal también se observa dentro del propio Ramo 20 Bienestar. La participación de la pensión para adultos mayores pasó de representar 37 por ciento del presupuesto aprobado del ramo en 2018 a 78.1 por ciento en 2026.
El CEFP destaca que el programa tiene actualmente un carácter estratégico dentro de la política social, respaldado además por su rango constitucional y por disposiciones que establecen la irreductibilidad y suficiencia presupuestales.
La dimensión del programa responde también al proceso de envejecimiento poblacional. A junio del presente año, México contabilizaba 17.8 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 13.2 por ciento de la población nacional.
En cuanto a la distribución territorial de los beneficiarios, las mediciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la ENIGH 2024, muestran que 76.9 por ciento de los beneficiarios del programa residía en zonas urbanas, mientras que 23.1 por ciento habitaba en localidades rurales.
Esta distribución es similar a la estructura poblacional del País, donde 78.2 por ciento de los habitantes reside en zonas urbanas y 21.8 por ciento en áreas rurales.
El CEFP concluye que la pensión para adultos mayores se ha consolidado como uno de los pilares de la política de protección social en México, particularmente ante el acelerado envejecimiento de la población.
La magnitud alcanzada por el programa queda reflejada en la comparación con las economías estatales: los 2.456 billones de pesos aprobados entre 2018 y 2026 para las pensiones representan una cantidad equivalente a 82 por ciento de todo el PIB anual combinado de Nuevo León y Coahuila, dos de los principales motores económicos del País.