Ángel Aguirre Rivero (PRD) es el tercer exgobernador detenido en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum; y es previsible que caigan más.
El primero fue el priista César Duarte (Chihuahua), por lavado de dinero, y el segundo, el panista Ernesto Ruffo Appel (Baja California), acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustibles («huachicol fiscal») mediante la empresa Ingemar, de la cual era accionista.
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Aguirre, al igual que Ruffo, está vinculado a proceso; en su caso, por ocultar y destruir pruebas relacionadas con la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Los hechos ocurrieron en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando el perredista encabezaba la
Administración estatal.
La barbarie contra los normalistas escandalizó al mundo. La prensa internacional se volcó sobre nuestro país y el Gobierno de Enrique Peña Nieto entró en una de sus mayores crisis institucionales. Aguirre renunció a la Gubernatura el 24 de octubre de 2014 para impedir la desaparición de poderes en la entidad.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dimitió cuatro meses más tarde luego de presentar la versión oficial de los acontecimientos. Según aquella «verdad histórica» – como la bautizó-, los jóvenes fueron incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, un crimen atribuido originalmente al grupo Guerreros Unidos.
Tres meses después de la tragedia, Peña Nieto visitó Guerrero e intentó apagar con fuego el infierno. En lugar de brindar consuelo, pedir perdón u ofrecer justicia, exhortó a la comunidad de Iguala a «superar» su dolor.
Por su parte, Murillo Karam -quien gobernó Hidalgo entre 1993 y 1998- fue detenido en agosto de 2022 por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Hoy, aquejado por graves problemas de salud, un juez le ha concedido la prisión domiciliaria.
Netflix dedica al tema el documental Los días de Ayotzinapa (2019), y HBO la serie Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado (2024). Lejos de pasar página -como Peña Nieto sugirió-, las madres y padres de las víctimas no han abandonado su lucha ni aceptado compensaciones económicas o paliativos gubernamentales.
Sólo exigen castigo para los responsables. La presión finalmente alcanzó al exgobernador Aguirre Rivero.
Someterlo a proceso no extingue las llamas del infierno, pero las familias de los normalistas ven en su captura «una gota de esperanza» para mitigar su sed de justicia.
Aguirre se formó en la escuela de los Figueroa, quienes impusieron su ley en Guerrero a sangre y fuego. Ambos de nombre Rubén, el mayor fue secuestrado en 1974 por el Partido de los Pobres antes de asumir la Gubernatura.
El líder de ese grupo armado, surgido en respuesta a la represión contra campesinos y maestros de la sierra, era egresado de la Normal de Ayotzinapa: Lucio Cabañas Barrientos, abatido meses después de la liberación del candidato priista.
El segundo de los Figueroa renunció a la Gubernatura tras la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez en 1995, crimen que sigue impune.
El Congreso local nombró en su relevo a Aguirre Rivero. La justicia tarda en llegar y a veces aparece por los caminos más inesperados.
En Coahuila, donde los agravios del moreirato tampoco expiran, aún no se asoma.
Gerardo Hernández
GERARDO HERNÁNDEZ es periodista desde hace más de 40 años en Coahuila. Director General de Espacio 4.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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