RUPERTO M ALMAGUER
CIUDAD DE MÉXICO.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, manifestó su rechazo a la reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como Ley Antimemes, al advertir que algunas de sus disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a internet de usuarios que no hayan cometido infracciones.
Durante su intervención en el Senado de la República, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentó que la propuesta contiene imprecisiones jurídicas y plantea posibles conflictos constitucionales, particularmente por las obligaciones que establece para las empresas proveedoras de servicios de internet.
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Elizondo Pérez cuestionó la disposición que exige a estas compañías implementar mecanismos para suspender la conexión de usuarios reincidentes en violaciones a los derechos de autor, al considerar que sus consecuencias podrían extenderse a personas ajenas a las infracciones.
Explicó que una medida de esta naturaleza podría dejar sin acceso a la red a familias completas que comparten una misma conexión, con repercusiones en actividades educativas, laborales y otras necesidades cotidianas.
El senador sostuvo que la protección de las obras intelectuales y los derechos de artistas y creadores debe garantizarse mediante disposiciones legales que no comprometan otras libertades fundamentales de la población.
En ese sentido, consideró necesario revisar los alcances de la reforma para evitar que las sanciones previstas generen afectaciones desproporcionadas a los usuarios de servicios digitales.
El legislador coahuilense señaló que su voto en contra responde a la necesidad de impulsar normas con mayor claridad jurídica y mecanismos que permitan proteger los derechos de autor sin restringir injustificadamente el acceso a internet.
Asimismo, reiteró su disposición de mantener la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en asuntos relacionados con la defensa de los derechos y los intereses de las familias de Coahuila.
Finalmente, Elizondo Pérez insistió en que las modificaciones legislativas deben analizarse con responsabilidad, considerando sus posibles consecuencias sociales y jurídicas antes de establecer nuevas obligaciones para proveedores y usuarios de servicios digitales.