JÉSSICA ROSALES
Periodista con 20 años de experiencia en distintos medios de Coahuila.
Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autora, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx
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El caso Guadalupe Taddei alcanzó la discusión sobre el futuro del Instituto Electoral de Coahuila. Los cuestionamientos a la expresidenta del INE llegaron a la mesa donde se decidirían las nuevas autoridades electorales locales y provocaron exigencias de revisión, llamados a la prudencia y un receso. La crisis nacional se convirtió, también, en un problema para los estados.
En Coahuila, el resultado fue el rechazo a Karla Ivonne Natividad González: cuatro votos a favor y seis en contra.
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Su propuesta había recibido el respaldo unánime de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, pero ese apoyo no se tradujo en una designación por el Consejo General.
Esa distancia entre una comisión que avala y un pleno que rechaza merece una explicación pública. La unanimidad previa no obligaba a aprobarla, desde luego. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocer qué razones pesaron para que una candidatura considerada adecuada en una etapa no consiguiera respaldo en la siguiente.
El contexto importa. PRI, Movimiento Ciudadano y Morena plantearon aplazar o revisar las designaciones ante los cuestionamientos relacionados con Taddei. El debate dejó de concentrarse únicamente en las capacidades de los aspirantes y pasó a incluir la confianza en el procedimiento mediante el cual habían sido seleccionados.
Dentro del Consejo General aparecieron dos preocupaciones. Uuc-kib Espadas advirtió sobre los tiempos disponibles para resolver los nombramientos. Carla Humphrey señaló que las valoraciones de Taddei ya habían sido excluidas de la deliberación. Ambas intervenciones reflejan la dificultad del momento: atender las dudas sin paralizar las decisiones pendientes.
Sin embargo, sería irresponsable convertir ese contexto en una acusación contra Natividad. Las fuentes revisadas no permiten afirmar que los seis votos contrarios obedecieran a una relación suya con Taddei o a alguna irregularidad atribuible a la aspirante. Una sospecha sobre el proceso no puede trasladarse automáticamente a cada persona que participó en él.
Coahuila tampoco fue el único caso sin designación: la crónica de la sesión reporta presidencias desiertas en Campeche, Baja California Sur y Tamaulipas.
Pero tampoco hubo un rechazo general. En Colima se reportó la aprobación de Óscar Omar Espinoza, cuya experiencia dentro del instituto local fue destacada en la cobertura. Esa diferencia obliga a preguntar qué criterios permitieron construir acuerdos en un estado y cuáles impidieron alcanzarlos en otros.
La pregunta no busca imponer una candidata ni descalificar a quienes votaron en contra. Busca que el INE explique sus decisiones con la misma claridad que exige a los actores políticos. Si hubo objeciones al perfil, deben conocerse. Si las diferencias estuvieron en la evaluación, deben explicarse. Y si existieron elementos que comprometieran la integridad del procedimiento, corresponde acreditarlos.
La lectura política es que el caso Taddei puso bajo cuestionamiento la confianza en las designaciones. Hasta dónde determinó el resultado particular de Coahuila sigue siendo una pregunta abierta.
El INE debe responderla con documentos, argumentos y transparencia. Porque dejar una presidencia sin resolver también tiene un costo institucional, y la ciudadanía no tendría por qué conformarse con conocer el marcador de una votación sin entender las razones.
Mientras tanto, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, quien ha desempeñado un muy buen papel al frente del IEC, continuará en la presidencia provisional mientras se emite una nueva convocatoria y se designa a quien asumirá el cargo. El relevo podría concretarse antes de la jornada electoral de 2027 o después; de corresponderle conducir esa elección, su desempeño hasta ahora permite confiar en que sabrá afrontar sus retos y desafíos.