MARCOS DURÁN FLORES
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Hay escándalos que no solamente derrumban carreras políticas; también erosionan la confianza en las instituciones.
Y cuando la autoridad encargada de garantizar las elecciones queda bajo sospecha por contratos corruptos y conflictos de interés, el problema se convierte en una amenaza a la credibilidad democrática.
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Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), quien llegó al cargo en 2023 bajo la bandera de la austeridad republicana, enfrenta señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos.
La pregunta es inevitable: ¿estábamos mejor cuando estábamos peor? Porque antes de Taddei también hubo controversias y episodios que pusieron a prueba la credibilidad de la autoridad electoral. Sin embargo, reconocer los errores de sus antecesores no significa justificar los problemas del presente.
Durante la gestión de Lorenzo Córdova, entre 2014 y 2023, el INE enfrentó disputas políticas, críticas por sus salarios y cuestionamientos sobre el gasto institucional. En abril de 2024, el titular del Órgano Interno de Control informó ante diputados sobre irregularidades por más de 400 millones de pesos detectadas durante esa administración, así como sobre las denuncias en curso.
Eran asuntos que debían investigarse, no una sentencia que acreditara la culpabilidad personal del entonces consejero presidente. También se sumó la polémica por una llamada telefónica filtrada en 2015, en la que Córdova hizo comentarios ofensivos sobre representantes indígenas.
Antes de él, Luis Carlos Ugalde quedó marcado por la elección presidencial de 2006, una de las más disputadas de la historia reciente.
La estrecha diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador provocó protestas, acusaciones de fraude y una crisis de confianza que trascendió al entonces Instituto Federal Electoral. Si bien el Tribunal Electoral confirmó el resultado tras revisar las impugnaciones, la controversia política nunca desapareció.
Leonardo Valdés Zurita tampoco estuvo exento de cuestionamientos: durante su gestión se cuestionó una auditoría contratada por 16.6 millones de pesos que señalaba deficiencias administrativas, duplicidad de funciones y problemas operativos. Cada periodo tuvo sus controversias, sus errores y sus cuentas pendientes.
Pero aquí radica la diferencia fundamental: los cuestionamientos a los antecesores no constituyen una absolución para quienes llegaron después. Tampoco hacen menos graves las irregularidades del pasado. La vara debe ser la misma para todos.
En el caso de Taddei, los reportes periodísticos y videos sobre contratos millonarios, proveedores vinculados a su entorno y posibles conflictos de interés obligan a esclarecer los hechos. Y aunque nadie debe ser condenado sin pruebas, tampoco se puede exigir confianza mientras permanecen las preguntas sin respuesta.
¿Quién autorizó los contratos? ¿Se respetaron las licitaciones? ¿Existieron ventajas indebidas para determinadas empresas? ¿Quién supervisó el dinero público? ¿Hubo funcionarios que utilizaron sus cargos para favorecer intereses particulares?
Son cuestionamientos que no se resuelven con discursos ni declaraciones de buenas intenciones, sino con documentos, auditorías, investigaciones independientes y sanciones cuando se acredita una responsabilidad.
El INE no es patrimonio de sus consejeros, ni de Morena, ni de la oposición. Es una institución que pertenece a los ciudadanos y cuya razón de existir es garantizar elecciones confiables.
La salida de Taddei no puede ser el punto final de este episodio. Su renuncia tampoco debe servir para cerrar expedientes ni para convertirla en chivo expiatorio de un problema que pudiera involucrar a más personas.
La democracia exige cuentas claras, no lealtades ciegas.
Y si hoy tenemos que preguntarnos si “estábamos mejor cuando estábamos peor”, es porque algo hemos hecho mal como país. Cuando el árbitro queda bajo sospecha, el problema ya no es quién gana el partido, sino quién puede garantizar que se jugó limpiamente.