JOSÉ HERNÁNDEZ Z
En los últimos cinco años, Nuevo León reportó más de 200 personas que perdieron la vida en enfrentamientos con corporaciones policiacas
Nuevo León se ubicó como la segunda entidad del país con más civiles armados fallecidos en enfrentamientos con policías estatales entre 2020 y 2025, con un acumulado de 204 personas, sólo por debajo de Tamaulipas, que registró 231, de acuerdo con un análisis de Causa en Común sobre el uso de la fuerza policial en México.
El reporte Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico documenta que Nuevo León concentró casi una de cada seis de las mil 175 muertes de civiles armados registradas en el país durante el periodo analizado, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Aunque el ángulo de la entidad destaca por su volumen acumulado, el registro también muestra un incremento reciente. En Nuevo León, las muertes reportadas pasaron de 45 en 2024 a 79 en 2025, un aumento de 75.6 por ciento en un año. Con ello, el estado concentró más de una tercera parte de los 214 fallecimientos contabilizados a nivel nacional durante 2025.
En contraste, Coahuila ocupó el lugar 17 de las entidades federativas, con siete civiles armados fallecidos en enfrentamientos con policías estatales durante los seis años revisados. El registro estatal contabilizó cuatro casos en 2020, ninguno en 2021, dos en 2022, uno en 2023, ningún dato disponible para 2024 y cero en 2025.
La diferencia entre ambos estados es de 197 fallecimientos registrados. Sin embargo, Causa en Común advierte que estas cifras deben interpretarse con cautela, debido a las inconsistencias y limitaciones de la información oficial disponible.
El organismo señala que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada en mayo de 2019, obliga a las instituciones de seguridad a regular, evaluar y transparentar sus intervenciones. No obstante, a partir de solicitudes de transparencia, encontró que únicamente 11 corporaciones estatales contaban con protocolos para regular el uso de la fuerza; sólo Ciudad de México e Hidalgo acreditaron disponer de manuales de técnicas, y ninguna entidad demostró contar con el programa de evaluaciones periódicas que establece la legislación.
Además, ninguna policía estatal acreditó cumplir con la obligación de elaborar anualmente informes públicos sobre sus actividades relacionadas con el uso de la fuerza. Sólo cuatro corporaciones proporcionaron algunos de los datos que deberían incluir esos documentos: Baja California, Michoacán, Querétaro y Tabasco.
Para Causa en Común, la falta de estos mecanismos dificulta conocer la magnitud y las circunstancias de los fallecimientos, así como determinar la responsabilidad institucional en cada caso. El reporte advierte que el Inegi registra a las personas clasificadas como civiles armados que murieron en enfrentamientos con policías estatales, pero esos conceptos no están definidos con precisión en la legislación, lo que limita el alcance de las estadísticas.
El organismo también señala que los registros del Inegi no siempre coinciden con los datos proporcionados directamente por las corporaciones mediante solicitudes de transparencia y que, sin informes públicos sistemáticos, no existe una fuente que permita esclarecer plenamente las diferencias.
Así, mientras Nuevo León destaca por el número acumulado de civiles armados fallecidos en enfrentamientos con policías estatales y por el repunte de 2025, Coahuila aparece entre las entidades con menos casos registrados. Las cifras, sin embargo, reflejan exclusivamente los datos disponibles para este indicador y no permiten, por sí solas, evaluar la legalidad de cada intervención policial ni establecer las circunstancias particulares de las muertes.