En , de:

Las leyes son para los demás

FELIPE DE JESÚS BALDERAS

Es Maestro en Ética Aplicada y Doctor en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Licenciado en Filosofía y Letras, con una Maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una especialidad en Moral y Justicia por la Universidad Pontificia de México (UPM). Especialidad de Ética Aplicada a las Profesiones en Loyola University (Estados Unidos). Especialidad en Ética Social y Fundamental en la Universidad de Deusto (España). Especialidad en Ética Social y Profesional y estancia de investigación en la Universidad de Valencia en España.

Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx

MÁS EDITORIALES, ARTÍCULOS Y REFLEXIONES EN ASÍ DICE 

Ser ciudadano no significa solamente exigir seguridad, justicia y derechos; también implica obligaciones.

Nos indignan los políticos corruptos, exigimos justicia y reclamamos orden. Pero cuando la ley se interpone en nuestros intereses, siempre encontramos una buena razón para ignorarla. En el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project, México ocupa el lugar 125 de 143 países, con una calificación de 0.39 sobre 1.

LEE MÁS DEL AUTOR FELIPE DE JESÚS BALDERAS

En justicia penal se ubica en el lugar 139, mientras que en ausencia de corrupción ocupa el 135. En América Latina y el Caribe aparece en la posición 28 de 32 países evaluados.

Las cifras describen las dificultades que enfrenta el país para garantizar que las leyes se cumplan, que las autoridades respondan por sus actos y que los ciudadanos puedan acceder a la justicia.

Más allá de las diferencias metodológicas entre estos estudios, los datos apuntan a una preocupación común: la distancia entre lo que establece la ley y lo que realmente ocurre en la vida cotidiana.

En ese sentido, hay una pregunta que merece ir más allá de las estadísticas: ¿el deterioro del Estado de derecho en México es solamente responsabilidad de quienes gobiernan o también tiene que ver con una sociedad que ha aprendido a convivir con el incumplimiento de la ley?

En México tenemos una relación bastante peculiar con la ley: nos encanta exigir que los demás la cumplan, aunque no siempre estemos dispuestos a hacer lo mismo. Queremos gobernantes honestos, policías incorruptibles, jueces imparciales y delincuentes en prisión. Hasta ahí, todos parecemos coincidir.

El problema comienza cuando la legalidad toca a nuestra puerta. Entonces aparecen las excepciones: “Son solamente cinco minutos”, “todo el mundo lo hace”, “no pasa nada” o, la más socorrida de todas, “así funcionan las cosas en México”.

Nos indigna la corrupción de los funcionarios, pero no siempre nos tiembla la mano para ofrecer una mordida y evitar una multa. Reclamamos orden, pero estacionamos el automóvil en doble fila. Exigimos respeto a los espacios públicos, aunque con frecuencia los convertimos en una extensión de nuestra propiedad.

Condenamos los privilegios de los políticos, pero buscamos al amigo, al conocido o al funcionario que pueda conseguirnos un trato especial. Al parecer, la corrupción es inaceptable mientras no nos resuelva algún problema.

Desde luego, no se trata de equiparar la responsabilidad de un ciudadano que se pasa un semáforo con la de un funcionario que desvía recursos públicos, protege delincuentes o utiliza el poder para violar derechos. Las responsabilidades jurídicas, políticas y morales son distintas.

El Estado tiene una obligación mayor e irrenunciable: garantizar la legalidad, proteger los derechos y asegurar que nadie esté por encima de la ley. Pero reconocer esa responsabilidad no nos exime de examinar nuestras propias prácticas.

Uno de nuestros problemas es lo que podríamos llamar la cultura de la excepción: esa curiosa convicción de que las reglas son necesarias, siempre y cuando no interfieran con nuestros intereses. La ley debe aplicarse, pero hay circunstancias que, según nosotros, justifican ignorarla.

A esta cultura de la excepción se suma la impunidad. Cuando las infracciones no se sancionan, los delitos no se investigan y la justicia parece depender del dinero o de las influencias, se instala una percepción peligrosa: cumplir la ley puede ser una desventaja. La impunidad no solamente protege a quien incumple; también desalienta a quien hace lo correcto y alimenta la idea de que la honestidad es ingenuidad.

Detrás de estas conductas existe también un individualismo que desplaza al bien común. Queremos calles limpias, pero arrojamos basura; exigimos movilidad, pero obstruimos las banquetas; reclamamos seguridad, pero ignoramos las reglas de convivencia.

Como planteaba Jean-Jacques Rousseau en El contrato social, vivir en sociedad implica aceptar reglas comunes y reconocer que nuestra libertad tiene límites cuando afecta los derechos de los demás. El bien común no es un discurso, se construye con pequeñas responsabilidades cotidianas.

Sin embargo, sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los ciudadanos. La cultura de la legalidad también se construye desde el poder. ¿Cómo exigir respeto a la ley cuando las autoridades la aplican selectivamente, cuando la corrupción se normaliza y cuando los poderosos parecen recibir un trato distinto? Max Weber explicó la importancia de la legitimidad de la autoridad para sostener el orden político. Una institución que exige legalidad mientras actúa al margen de ella debilita su propia credibilidad y la confianza de la sociedad ¿le late?

La ilegalidad también se aprende. Los niños no adquieren el respeto a las normas únicamente en las aulas; observan e imitan el comportamiento de los adultos. Albert Bandura, desde su teoría del aprendizaje social, explicó cómo las conductas se reproducen mediante la observación. De poco sirven las campañas de civismo y de los tan llevados y tan traídos valores, si en casa, en la calle y en las instituciones se enseña que las reglas pueden ignorarse cuando conviene.

El desafío es, por tanto, una cuestión de ciudadanía. Ser ciudadano no significa solamente exigir seguridad, justicia y derechos; también implica reconocer obligaciones y respetar los derechos de los demás. Esto no supone obedecer ciegamente cualquier disposición: una democracia necesita ciudadanos críticos, capaces de cuestionar leyes injustas y exigir rendición de cuentas.

Pero una cosa es combatir una injusticia y otra muy distinta incumplir una norma por conveniencia personal.

El Estado de derecho requiere instituciones honestas, autoridades responsables y una justicia imparcial, pero también una sociedad que deje de considerar la ilegalidad una habilidad y la corrupción una solución práctica.

Porque la ley no se debilita únicamente cuando un gobernante viola la Constitución o un funcionario abusa del poder; también se deteriora cuando millones de pequeñas decisiones convierten el incumplimiento en costumbre.

Y entonces habría que preguntarnos: ¿queremos realmente vivir en un país donde se respete la ley o solamente queremos que se castigue a quienes la incumplen cuando nos perjudican? Algo está claro en este país, las leyes no son para nosotros, son para los demás.

Así las cosas.

Comentarios