RUPERTO M ALMAGUER
Saltillo, Coahuila.– El Gobierno de Coahuila presentó formalmente ante el Congreso del Estado el Tercer Informe de Gobierno del mandatario Manolo Jiménez Salinas, documento que reúne los principales resultados de su administración en materia de seguridad pública, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud y programas sociales.
En cumplimiento del artículo 49 de la Constitución Política del Estado, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, acudió en representación del gobernador para entregar el documento a las autoridades de la Sexagésima Tercera Legislatura.
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El informe fue recibido por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, y la presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño Garza, en presencia de diputadas y diputados locales.
Durante el acto protocolario, Flores González destacó que la presentación del informe constituye un mecanismo de rendición de cuentas mediante el cual el Poder Ejecutivo expone las acciones realizadas durante su tercer año de gestión y pone a disposición del Legislativo los resultados de las políticas públicas implementadas.
Entre los principales aspectos abordados, el funcionario resaltó las estrategias de seguridad desarrolladas en coordinación con autoridades federales, municipales, instituciones de procuración de justicia y Fuerzas Armadas.
Señaló que el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la incorporación de tecnología, las inversiones en equipamiento e infraestructura y las labores de prevención e inteligencia han contribuido a mantener a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores de seguridad del país.
En materia económica, sostuvo que la estabilidad institucional, las condiciones de seguridad y la disponibilidad de infraestructura y personal capacitado han permitido conservar la competitividad de Coahuila para atraer inversiones y generar oportunidades laborales.
El representante del Ejecutivo estatal también hizo referencia a los proyectos de infraestructura desarrollados en las distintas regiones, así como a las acciones destinadas a ampliar la cobertura de los programas sociales, mejorar los servicios médicos y fortalecer el sistema educativo.
Explicó que estas políticas forman parte de una estrategia orientada a elevar las condiciones de bienestar de las familias y atender las necesidades de los diferentes sectores de la población.
Flores González reiteró que la administración de Manolo Jiménez continuará promoviendo la coordinación con los 38 ayuntamientos de Coahuila, el Gobierno Federal y los poderes Legislativo y Judicial, además de mantener la colaboración con organismos empresariales y representantes de la sociedad civil.
En ese contexto, reconoció la disposición del Congreso local para recibir el documento y realizar su revisión conforme a las facultades constitucionales del Poder Legislativo.
Asimismo, manifestó que el Gobierno del Estado mantendrá una relación institucional basada en el diálogo y el respeto entre poderes, con el propósito de alcanzar acuerdos que permitan dar continuidad a los proyectos considerados prioritarios para Coahuila.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, destacó la colaboración que durante los primeros tres años de administración se ha mantenido entre el Ejecutivo y la Sexagésima Tercera Legislatura.
La diputada señaló que, pese a las diferencias partidistas, ambos poderes han logrado establecer coincidencias en asuntos relacionados con la seguridad pública y el desarrollo económico y social de la entidad.
Consideró importante preservar los mecanismos de comunicación institucional y mantener la disposición para construir acuerdos que permitan atender las necesidades de la población.
Morales Núñez también hizo un llamado a privilegiar la unidad y el respeto a la pluralidad política, al señalar que la cooperación entre las instituciones representa un elemento fundamental para impulsar el bienestar de los coahuilenses.
Con la entrega del Tercer Informe de Gobierno, el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a la obligación constitucional de presentar ante el Congreso el estado que guarda la administración pública estatal, mientras que corresponderá a las y los legisladores efectuar el análisis del documento dentro del ámbito de sus atribuciones.