JOSÉ HERNÁNDEZ Z
El empresario coahuilense fue detenido por tercera ocasión, ahora en Madrid, a petición de Estados Unidos; su historial incluye señalamientos como presunto enlace de Los Zetas en Europa, investigaciones por lavado de dinero y narcotráfico, así como una supuesta orden para asesinar a una funcionaria de Coahuila
Una década de investigaciones, detenciones, acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero, señalamientos por presuntos vínculos con Los Zetas e incluso una supuesta conspiración para asesinar a una funcionaria de Coahuila forman parte del historial de Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono”, quien volvió a ser detenido en Madrid, España.
El empresario gasolinero coahuilense fue arrestado por tercera ocasión, esta vez a petición de las autoridades de Estados Unidos, que buscan llevarlo nuevamente ante la justicia norteamericana por presuntos delitos de fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petrolíferos y blanqueo de capitales.
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De acuerdo con información publicada por El País, Muñoz Luévano fue detenido el martes por la tarde en el centro de Madrid, cuando salía de un edificio. Este jueves 19 de noviembre compareció ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional española, donde el juez Francisco de Jorge ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin derecho a fianza.
Durante la audiencia, el empresario manifestó su oposición a ser entregado a Estados Unidos y su defensa solicitó que enfrentara el procedimiento en libertad, petición que fue rechazada.
Su nueva detención reabre un expediente que comenzó a tomar relevancia internacional en 2016, cuando fue identificado por autoridades españolas como presunto enlace del grupo criminal Los Zetas en Europa, con supuestas operaciones de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
DE LOS ZETAS A UNA SUPUESTA ORDEN DE ASESINATO
El 18 de marzo de 2016, Muñoz Luévano fue detenido por primera vez en Madrid, donde residía con su familia en una exclusiva urbanización de La Moraleja, en las afueras de la capital española.
Las investigaciones de la Policía Nacional española lo ubicaban como presunto operador de Los Zetas en Europa, aunque también documentaban supuestos contactos con otros grupos del narcotráfico, entre ellos los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con investigaciones periodísticas de El País, las autoridades intervinieron sus comunicaciones telefónicas y encontraron registros de presuntas operaciones financieras.
En su domicilio fueron localizadas hojas de cálculo de Excel en las que habría documentado la entrega de 63 millones de euros en 59 movimientos diferentes, mediante entregas de dinero en hoteles de México.
Los reportes policiales también revelaron presuntos vínculos del empresario con fiscales y exfiscales de distintos estados, además de alcaldes, legisladores y jueces de Coahuila.
Uno de los episodios más graves surgió de esas intervenciones telefónicas: las autoridades españolas detectaron una supuesta conspiración para asesinar a una funcionaria del Ministerio Público de Coahuila.
En marzo de 2016, la Policía española alertó a las autoridades mexicanas sobre una presunta orden de eliminar a la funcionaria, quien habría tenido conocimiento de una orden de detención contra Salomón Ayup Muñoz, alias “Monchi”, señalado por testigos como presunto responsable de un secuestro y desaparición de un integrante de la familia Burciaga.
Según el documento policial citado por El País, la amenaza habría surgido porque la funcionaria no comunicó a “Monchi” la existencia de dicha orden.
Las autoridades españolas incluso levantaron el secreto de las diligencias judiciales para advertir del riesgo y tratar de identificar y localizar a la posible víctima. Sin embargo, fiscales españoles señalaron entonces que no recibieron solicitudes de información ni de cooperación judicial por parte de las autoridades mexicanas.
En esas mismas investigaciones se documentaron presuntas instrucciones de Muñoz relacionadas con agresiones físicas, secuestros, amenazas y homicidios en México.
DE LA EXTRADICIÓN A SU LIBERTAD EN 2019
Después de su primera detención, España autorizó su extradición a Estados Unidos, donde enfrentó inicialmente seis cargos federales relacionados con conspiración para importar, poseer, distribuir y vender cocaína, lavado de dinero y posesión de armas vinculadas con el narcotráfico.
Sin embargo, el desenlace judicial fue distinto al que anticipaban las acusaciones iniciales.
En 2019, Muñoz Luévano se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, mientras que los otros cinco cargos fueron retirados como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
El empresario fue sentenciado al tiempo que ya había permanecido en prisión y recuperó su libertad después de alcanzar un acuerdo de cooperación con la justicia norteamericana.
De acuerdo con San Antonio Express-News, el acuerdo le permitió evitar una pena máxima de hasta 20 años de cárcel. Siete años después, EL PAÍS vuelve a poner sobre la mesa las interrogantes sobre las condiciones de aquella negociación y los alcances de su colaboración con las autoridades estadounidenses.
REGRESO A COAHUILA Y SEÑALAMIENTOS POR HUACHICOL
Tras recuperar su libertad, Muñoz Luévano regresó a Coahuila, donde continuó relacionado con actividades empresariales, principalmente en el sector gasolinero. También ha sido mencionado como propietario de negocios restauranteros, bares, agencias de publicidad y empresas agropecuarias.
Su nombre volvió a aparecer en investigaciones policiales en mayo de 2025, cuando fue detenido en Torreón, luego de acudir a reclamar el aseguramiento de una pipa que transportaba hidrocarburos de procedencia no acreditada.
Durante ese procedimiento, en el que participaron autoridades estatales y federales, el empresario habría encarado y amenazado a los agentes. Al revisar su vehículo, le encontraron narcóticos.
La detención se realizó por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y posesión simple de narcóticos, no por el presunto contrabando de combustible. Dos días después, un juez de control le permitió continuar el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.
Meses más tarde, en julio de ese año, la Fiscalía de Coahuila cateó el Rancho Paola, en el municipio de Arteaga, inmueble relacionado periodísticamente con Muñoz Luévano.
En el lugar fueron localizadas una pipa, más de 15 tanques con combustible y la caja de un tráiler con alteraciones en sus números de serie. Durante el operativo fueron detenidas siete personas.
El empresario también protagonizó un nuevo episodio de confrontación pública con autoridades estatales. En julio de 2025 acusó a policías de Coahuila de brindar protección al contrabando de combustible procedente de Estados Unidos a través de Piedras Negras.
“Son socios de Julio González. Los policías cuidan todas las pipas”, declaró entonces, de acuerdo con reportes periodísticos.
OTRA VEZ EN MADRID, AHORA POR CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES
Después de su detención en Torreón y de continuar su proceso en libertad, Muñoz Luévano volvió a España, donde fue localizado y arrestado nuevamente.
Su tercera captura ocurre en medio de las investigaciones estadounidenses sobre el contrabando de hidrocarburos en la frontera entre Coahuila y Texas.
En octubre de 2026, autoridades de Estados Unidos detuvieron en Eagle Pass al empresario transportista Julio Rodolfo González, investigado por el presunto ingreso ilegal de diésel a territorio estadounidense y por posibles operaciones de lavado de dinero.
El caso volvió a colocar bajo atención las operaciones de traslado irregular de combustibles en la región fronteriza, aunque hasta ahora no existe información que acredite que ambos empresarios formen parte de un mismo expediente judicial o enfrenten una acusación conjunta.
La nueva orden contra Muñoz Luévano contempla presuntos delitos de fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petrolíferos y blanqueo de capitales, según fuentes judiciales citadas por El País.
Así, diez años después de que las autoridades españolas lo identificaran como presunto enlace de Los Zetas en Europa y documentaran acusaciones relacionadas con narcotráfico, violencia y lavado de dinero, el empresario coahuilense enfrenta nuevamente un procedimiento de extradición en Madrid.
Por ahora, permanece en prisión sin derecho a fianza mientras la justicia española determina su eventual entrega a Estados Unidos, país donde ya fue procesado y obtuvo su libertad en 2019 mediante un acuerdo de cooperación judicial.