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Auditoría urgente a las autopistas

GUILLERMO ROBLES RAMÍREZ

Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023.

Pagar doscientos setenta y seis pesos por transitar los ciento catorce kilómetros de la Autopista Saltillo-Torreón, formalmente conocida como la Carretera Federal cuarenta D, se ha convertido en una auténtica burla para el bolsillo de la gente del norte.

Fíjense ustedes que desembolsar esa cantidad en las casetas de Plan de Ayala y La Cuchilla debería garantizarnos vías de alta especificación y carpetas asfálticas impecables, pero la realidad nos estalla en la cara con baches profundos, falta crónica de acotamientos de emergencia y un abandono absoluto que cobra vidas en volcaduras constantes.

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Y la cosa es que los usuarios arriesgan el pellejo diariamente entre pedazos de llantas reventadas y reductores de velocidad sin aviso previo que parecen verdaderas paredes de concreto. Qué bárbaro, oiga, es inconcebible que tramos tan costosos muestren un deterioro digno de caminos rurales del siglo pasado, evidenciando que la fiscalización estatal y federal está ausente en Coahuila, sobre todo de noche, cuando los faros apenas alcanzan a revelar el siguiente obstáculo y uno viaja con el alma en un hilo.

El gobierno central y las autoridades correspondientes se pasan de lanza al ignorar que estas vías representan las venas comerciales de nuestra región, abandonándolas a su suerte bajo el pretexto de un centralismo presupuestal asfixiante que rasura los fondos de mantenimiento.

La ahora llamada Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT para quienes siguen desactualizados, sigue supervisando desde la comodidad del escritorio mientras ejecuta recortes brutales que castigan la conectividad de los estados norteños.

El impacto de esta negligencia institucional no es un simple asunto de números o balances macroeconómicos, sino que se traduce directamente en tragedias humanas palpables en el asfalto.

Las cifras de la Guardia Nacional y el Inegi son frías pero contundentes al registrar cuatrocientos cuarenta y cinco accidentes en las carreteras federales del estado, cobrando la vida de noventa y dos personas en un repunte de siniestralidad verdaderamente alarmante.

Específicamente, el tramo comprendido entre los kilómetros ciento setenta y ocho y ciento cincuenta y tres, allá por las inmediaciones de El Mimbre, se reporta ya como casi intransitable por los transportistas que intentan sacar al buey de la barranca todos los días.

Mientras la federación anuncia con bombo y platillo ciento cuarenta y seis millones de pesos para cincuenta y cuatro kilómetros de la vía libre entre El Porvenir y La Cuchilla, la ruta de cuota sigue cobrando más y ofreciendo menos a quienes mueven la economía regional.

Y para colmo de males, cuando las comunidades ejidales colindantes intentan protegerse instalando rústicos lavaderos ante la ausencia de autoridad, la respuesta oficial inmediata es criminalizar a la gente del campo.

Usted lector sabe perfectamente que esas medidas nacen de la pura necesidad de salvaguardar las escuelitas y los hogares donde la carretera parte al poblado en dos, ahí donde los vendedores locales ofrecen naranjas, melones, sandías y las famosas campechanas justo al borde del camino.

La solución pacífica no es perseguir a los pobladores, sino exigir con firmeza que la SICT y el gobierno del estado instalen infraestructura de pacificación vial técnica y homologada que proteja la vida humana.

Requerimos urgentemente puentes peatonales dignos, semaforización inteligente y reductores normados que concilien la seguridad de los peatones con el dinamismo comercial del entorno que une nuestras montañas de la Carbonífera con las planicies de la Laguna.

Las concesiones privadas o del Fonadin que operan esta vía deben someterse a una auditoría profunda, implacable y con lupa en mano, obligándolas a cumplir estrictamente con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad vial.

Si los corporativos dueños de este chistecito vial insisten en mantener las carpetas asfálticas destrozadas, las autoridades tienen la obligación legal y moral de plantear de inmediato el retiro definitivo de la concesión para devolver la responsabilidad al Estado.

No podemos seguir subsidiando la hueva burocrática ni la negligencia corporativa con las cuotas de los automovilistas norteños mientras los féretros se siguen acumulando en las agencias funerarias de la región de Coahuila. 

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